Ordena prisión para once de los detenidos y dicta nueve órdenes de búsqueda y captura
Señala una «responsabilidad civil subsidiaria» contra Batasuna por 18 millones de euros
Prisión para 11 de los 12 jóvenes de SEGI detenidos los dias 7 y 8, orden de búsqueda para otros 9. Garzón intenta una increíble responsabilización contra BATASUNA por 18 millones de euros
es el titulo que la RED VASCA ROJA da a la información publicada en GARA el 12 de marzo de 2002.
Garzón incluye a 21 jóvenes en el auto de la operación contra «ETA-Ekin-Segi»
Garzón ordenó ayer prisión para once de los doce arrestados entre el jueves y el viernes, y dictó orden de búsqueda para otros nueve por un delito de «integración en organización terrorista ETA-Ekin-Segi». El auto, al que tuvo acceso GARA, señala «responsabilidad civil subsidiaria» para Batasuna por dar «cobertura y apoyo logístico a Segi».
Marta MORALES BILBO
El juez Baltasar Garzón ordenó ayer prisión incondicional comunicada para Unai González Azua, Gorka Betolaza Vilagrasa, Asier Otxoa de Retana Simon, Arkaitz Martínez de Albeniz López de Subijana, Xabier Abasolo Osinaga, Aitziber Pérez Blanco, Asier Iñigo Egizurain, David Lizarralde Palacios, Aiboa Casares Etxebarria y los hermanos Iker y Ainara Frade Bilbao, detenidos por la Policía española en la madrugada del jueves al viernes en Bizkaia, Araba, Nafarroa y Madrid. Todos ingresaron en la prisión de Alcalá Meco.
Oier Oa Pujol, arrestado en la misma operación, quedó en libertad condicional bajo fianza de 20.000 euros (más de tres millones de pesetas) que deberá entregar en un plazo de 24 horas. Los doce jóvenes rechazaron declarar ante el juez.
En el auto de prisión, al que tuvo acceso GARA, Garzón dispone, además, decretar orden de prisión y extradición contra Xabier Gogenola Goitia, Garikoitz Mugika Zubiarrain, Aitor Elizaran Aguilar, Eneko Aizpuru Giraldo, Jon Markel Ormazabal Gaztañaga, Zigor Ruiz Jaso, Haritza Galarraga, Amaia Rekarte e Ives Machicote. El juez habla de «la nacionalidad francesa» de estos tres últimos jóvenes vascos y afirma que «sus actos de dirección han tenido concreción y transcendencia» en el Estado español.
Garzón imputa a todos ellos «un posible delito de integración en la organización ETA-Ekin-Segi», así como 46 delitos de «terrorismo por vía de inducción», de los que excluye a Oier Oa por ser menor de edad cuando éstos tuvieron lugar.
En el texto, Garzón considera como «inducción directa y suficiente con alcance penal la convocatoria, por parte de los responsables de Segi, de los actos que después, ejecutados por los militantes de la misma que responden en su actuación a los criterios de subordinación y jerarquía de la organización terrorista ETA-Ekin-Segi, (...) producen cuantiosos daños porque la inducción va directa y especialmente dirigida a conseguir ese efecto».
«Cobertura y apoyo logístico»
Asimismo, requiere a la UCI un informe sobre una supuesta responsabilidad civil subsidiaria de Batasuna, que alcanzaría los 18.227.636,70 euros. Así, en el auto judicial se afirma que «la cobertura y apoyo logístico a Segi por Batasuna, prestando sus sedes y otros medios a los responsables de Segi, deberá valorarse aparte, y en el marco, en este caso concreto, de la responsabilidad civil subsidiaria derivada del delito».
Cabe recordar que Batasuna calificó de «nueva aberración judicial y un ejemplo más de conculcación de los derechos elementales, como el de la libre asociación» la operación policial, que relacionó con «la estrategia de aniquilamiento de la disidencia vasca y de todos los jóvenes que defienden un nuevo marco para este país diseñada por Aznar para imposibilitar un marco democrático en Euskal Herria».
La formación abertzale tiene previsto realizar hoy una valoración del contenido de este auto en una rueda de prensa convocada en Iruñea.
Por otro lado, 80 personas se concentraron ayer ante la sede del PSE en Hernani contra las detenciones, y en Basauri lo hicieron 40. En Galdakao y Arrigorriaga protestaron 25, y otras 20 se concentraron en Lezo. En Ugao se reunieron 15 vecinos.
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